La construcción alerta al Gobierno de que la inflación puede provocar retrasos y abandonos de obras
CNC envía otra carta para que el futuro plan anticrisis no excluya de nuevo a las constructoras
CNC envía otra carta para que el futuro La patronal estima que los sobrecostes en las obras de carreteras escalan hasta el 30% anticrisis no excluya de nuevo a las constructoras
Madrid, 24 de junio de 2026
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) vuelve a trasladar al Gobierno su máxima preocupación por la escalada de los costes de producción para las constructoras españolas, después de que el Banco de España haya revisado al alza sus previsiones de inflación.
Ante el nuevo paquete de medidas que previsiblemente se aprobará una vez que decaigan el próximo 30 de junio las actualmente vigentes, CNC ha enviado una carta a Moncloa para pedir una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios que garanticen la viabilidad de los proyectos y eviten un freno o abandono en las obras, tanto públicas como privadas.
El 22% de las constructoras avisa de una posible destrucción de empleo
La patronal alerta de que la crisis energética derivada de la situación en Oriente Medio ha afectado ya al 90% de las constructoras españolas; el 56% reconoce haber ralentizado su actividad y el 22% advierte de posibles repercusiones sobre el empleo si la escalada de costes se prolonga en el tiempo. Por ello y a la vista de su vulnerabilidad frente a las tensiones inflacionistas, la patronal no entendería que la construcción volviera a quedar excluida del próximo plan anticrisis.
En una situación especialmente delicada estarían, por ejemplo, muchas de las obras necesarias para el mantenimiento de las carreteras, donde los sobrecostes medios son del 15% en 2026 y alcanzan el 30% en las de rehabilitación de firmes. CNC recuerda que precisamente estas actuaciones, por su corta duración, no tienen revisión de precios, lo que implica un elevado riesgo de ruptura del equilibrio económico de las obras adjudicadas con precios anteriores a febrero de 2026. La patronal ve esta cuestión especialmente delicada para las operaciones veraniegas de rehabilitación de firmes.
En opinión de CNC, la construcción está entre los sectores más expuestos al incremento de costes y, por tanto, sería merecedora de una atención específica en el diseño de las futuras iniciativas de apoyo económico, a diferencia de lo que ocurrió tras el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró por la guerra en Oriente Próximo.
Ya en marzo, la patronal advirtió de que cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado -incluidos los energéticos y de mano de obra- se producen o licitaciones desiertas o retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones. Y de que si la guerra se prolongaba y derivaba en un shock energético, recuperar el mecanismo para revisar los precios de los contratos resultaría determinante para las empresas de la construcción, para las que los costes energéticos representan en torno al 30% de sus costes totales.
Por ello, CNC espera que el próximo paquete de medidas económicas incorpore soluciones que den respuesta a la situación que atraviesa el sector y, en particular, que el Ministerio de Hacienda impulse los cambios normativos necesarios para permitir mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos públicos. A juicio de la patronal, esta medida resulta esencial para garantizar la viabilidad del sector, proteger el empleo y asegurar las obras en viviendas e infraestructuras que España necesita en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción, que no deben repercutir solamente en una parte del contrato.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es la organización empresarial que agrupa a la práctica totalidad de un sector que en nuestro país representa casi el 10% del PIB y da empleo a cerca de 1,3 millones de personas.
La CNC ofrece una voz única y consensuada ante los poderes públicos u otros entes nacionales e internacionales, también del ámbito privado, en defensa de un sector que tiene en la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la cualificación de sus empleados las palancas de competitividad necesarias para resultar determinante en la recuperación social y económica de España.
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Raúl Salgado