La construcción reprocha al Gobierno regional ser el único que no se ha adherido a las medidas de reequilibrio reguladas en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo
La patronal alerta de que la arbitraria e injusta decisión del Gobierno madrileño está provocando el cierre de pymes constructoras que trabajan para la Comunidad, sus entidades públicas y ayuntamientos
CNC denuncia que la negativa de Madrid a compensar el alza de los materiales amenaza contratos públicos y la supervivencia de las constructoras
Madrid, 14 de junio de 2022.– La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alerta de que la negativa de la Comunidad de Madrid a compensar el alza de los precios de los materiales pone en riesgo la ejecución de los contratos públicos y la supervivencia, sobre todo, de las PYMES madrileñas de la construcción, entre ellas suministradoras y subcontratistas.
En concreto, la patronal denuncia la arbitraria e injusta decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya insensibilidad hacia sus empresas y trabajadores ante las difíciles circunstancias que atraviesa la economía española y mundial, está provocando el cierre de empresas constructoras que trabajan para la Comunidad, sus entidades públicas y ayuntamientos, y la pérdida de numerosos empleos en el sector, frenando la recuperación posible con los Fondos Europeos.
En este marco, CNC señala a la Comunidad de Madrid como la única que no se ha adherido a las medidas de reequilibrio reguladas en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, en aras de asegurar la ejecución de los contratos públicos y garantizar el mantenimiento de los empleos y la viabilidad de las empresas y PYMES del sector de la construcción.
La patronal asegura que las excepcionales circunstancias sociales y económicas derivadas de la pandemia y la guerra de Ucrania han dificultado la ejecución de los contratos públicos, pues los contratistas han sufrido un incremento desorbitado de los costes.
CNC afirma que este encarecimiento era imprevisible en el momento de la licitación y que excede del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura razonable que el contratista ha de soportar en todo contrato público.
Ante esta situación y a solicitud de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y sindicatos del sector de la construcción, se aprobaron, mediante el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, determinadas medidas de reequilibrio de los contratos de obra, de aplicación obligatoria para la Administración General y sus entidades estatales, y de forma voluntaria para las Comunidades Autónomas, que podrán extenderlas a las entidades locales de su ámbito territorial.
Pues bien, la patronal ya remitió una carta a la Comunidad de Madrid en la que se urgía a transponer la normativa nacional para evitar la ralentización o paralización de la ejecución de los contratos en curso y facilitar la licitación y ejecución de los proyectos comprometidos con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; además de solicitarse una reunión en torno a la que no ha recibido ninguna respuesta.
En esta comunicación, el Consejo de Gobierno de CNC sostenía que la participación de las pymes constructoras en las grandes infraestructuras es habitual y necesaria, avisando de que el estrangulamiento del adjudicatario dificulta la actividad, el cobro y la ejecución de trabajos. Asimismo, apuntaba que las directrices marcadas en las normas se están utilizando también en las obras privadas, donde se emplea intensivamente mano de obra y que ejecutan pymes en un 99,8%.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es la organización empresarial que agrupa a la práctica totalidad de un sector que en nuestro país representa casi el 10% del PIB y da empleo a cerca de 1,3 millones de personas.
La CNC ofrece una voz única y consensuada ante los poderes públicos u otros entes nacionales e internacionales, también del ámbito privado, en defensa de un sector que tiene en la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la cualificación de sus empleados las palancas de competitividad necesarias para resultar determinante en la recuperación social y económica de España.